Compartimos lo escrito por la Legisladora Morandini:
EL PELIGRO DE IMPROVISAR
Para
contrariar la sentencia de que la única lección de la Historia es que
nadie aprende de las lecciones de la Historia, los cordobeses tenemos
una oportunidad única para corregir lo que como escándalo hoy conmueve y
eriza a todo el país: la obra pública construida a espaldas de la
ciudadanía. Para superar el oscurantismo que ampara esos manejos, el
Congreso de la Nación se apresta a sancionar, a más de tres décadas del
regreso de la democracia, la Ley de Acceso a la Información Pública, un
derecho postergado en nuestro país. Porque la información es un derecho,
no una mercancía de propaganda, el que los funcionarios estemos
obligados a dar esa información contribuirá a transparentar al Estado en
todos aquellos asuntos que tienen que ver con el bien de todos.
Especialmente, los temas ambientales, que demandan actitudes de
prevención para evitar los daños futuros. Por eso preocupa la
construcción del dique que se proyecta sobre el río Carapé, dentro de la
“Reserva Natural de la Defensa Ascochinga”, una conquista de los
vecinos de La Granja para todos los cordobeses, ya que con esa
protección se intentó detener el proceso depredador que ha convertido a
nuestra serranía en un lugar vulnerable a la desmesura de las lluvias y
los vientos.
La obra proyectada sobre el curso del Carapé para contener las posibles
crecidas del río inundará, en su cota máxima, 32 hectáreas de la
Reserva. Con el mal ejemplo del Camino del Cuadrado, que permaneció más
tiempo inhabilitado que útil y que hoy se encuentra cerrado por un plazo
indeterminado, la nueva obra no puede proyectarse de apuro, con
estudios de impacto ambiental imprecisos, sin que se escuche a la
ciudadanía y las Audiencias Públicas sirvan nada más que para convalidar
decisiones adoptadas de antemano.
No son pocas las irregularidades que nos preocupan. Entre ellas, que la
licitación de la obra del dique se haya publicado antes de que se
iniciara el proceso para obtener la Licencia Ambiental, formalizado con
la presentación del Estudio de Impacto Ambiental el 12 de mayo. Entre
otras carencias, el Estudio no considera los impactos ambientales que
generará el desvío de la ruta E 66 y si bien se establece que deben
plantarse tres árboles por cada uno que destruya la construcción del
dique, no se especifica dónde ni en qué condiciones se implantarán. Las
contradicciones no paran ahí: se dispone que la obra demorará un año,
pero en el Pliego Particular de Condiciones se fijan 540 días. Además,
se le permite al oferente la posibilidad proponer cambios tecnológicos y
alternativas de proyecto, lo que convierte al Estudio de Impacto
Ambiental en superfluo porque analiza un proyecto que podría no ser el
definitivo.
Todas estas contradicciones ya fueron advertidas por los vecinos de La
Granja, reunidos en la Mesa del Agua, quienes tuvieron un rol relevante a
la hora de conseguir que esas tierras fueran protegidas como una
Reserva Natural. A la par, es comprensible y atendible la preocupación
de los productores rurales de Jesus María, que reclaman obras al
gobierno provincial, pero no es admisible que se haga de cualquier
manera, sin atender las demandas de los ciudadanos o vulnerando
nuestras propias normas ambientales. Si la democracia es el sistema que
nos hace iguales ante la ley y nos obliga a trabajar sobre los
conflictos, el Estado no puede promover la disputa entre las regiones
sino armonizar las diferencias. Nada muestra más el fracaso de la
política que cuando los vecinos deben acudir a la Justicia, tal como
sucedió con el amparo que presentaron los vecinos de Jesús María para
que el Gobierno de la Provincia diseñara un plan de obras que nos
protegiera de las inundaciones.
No se trata de no hacer las obras, se trata de no hacerlas a las
apuradas, en medio de un área protegida, sin estudios técnicos sobre su
viabilidad y sin que las regiones confronten cuando comparten las mismas
cuencas hídricas. No deja de ser paradójico que en tanto los vecinos de
La Granja debieron organizarse por causa de la falta de agua, los
vecinos de Jesus María demanden un paredón que les impida el paso del
agua cuando hay crecidas. El trasfondo grave de esa paradoja es que se
presente como solución a las inundaciones obras que generarán,
precisamente, los impactos ambientales negativos que nos condujeron
hasta acá, como la deforestación irracional.
La desmesura climática nos obliga a soluciones integrales. Es la mejor
forma de ayudar a los gobernantes para evitar que, tal como sucede en la
actualidad, a futuro la Justicia deba juzgar y condenar lo que mal se
hizo apuro.
Con nuestros bosques amenazados y nuestra provincia en penitencia por no
adaptar su ley provincial al resguardo mínimo legal impuesto por la
llamada “Ley de Bosques”, sancionada por el Congreso de la Nación en
2007, fue una muy buena noticia saber que Córdoba había sumado a
Ascochinga a sus Reservas Naturales de la Defensa, tal como sucedió con
las tierras del Tercer Cuerpo de Ejército. Si la protección de
Ascochinga buscó compensar la tala de nuestros bosques serranos para
proteger las especies en extinción y el agua que esconden las serranías,
la construcción del dique no debiera poner en riesgo ese valor, sobre
todo a la luz de lo que nuestro país revisa hoy como escándalo. El
cuidado extremo, la planificación y la participación ciudadana son los
que evitarán que en nuestro país a futuro se revise en la Justicia lo
que mal hacemos por las urgencias y la improvisación.
Norma Morandini
